Quito (Notimex).- El gobierno ecuatoriano declaró el jueves el "Estado de Excepción" en el país por siete días, por lo que las Fuerzas Armadas deberán garantizar el orden en medio de la crisis que se vive por la insubordinación de parte de la Policía Nacional.
En rueda de prensa, el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, señaló: “hemos declarado el estado de excepción en el país, por ello las Fuerzas Armadas garantizarán el orden” junto a las unidades policiales que se mantengan operativas.
Enfatizó que las Fuerzas Armadas de Ecuador son “leales” al gobierno del presidente Rafael Correa, con lo cual descartó que se hayan unido o se solidaricen con la protesta de los funcionarios policiales.
La crisis institucional se desató en Ecuador este jueves luego que agentes de la Policía Nacional se sublevaran en protesta contra un proyecto de ley que limita sus ingresos al suprimir el pago de bonificaciones por condecoraciones.
El presidente Correa acudió a dialogar con los insubordinados al Regimiento Quito número 1, pero fue atacado con bombas lacrimógenas y debió ser internado en un centro asistencial para ser atendido de urgencia.
La Constitución ecuatoriana establece que durante el estado de excepción el presidente podrá suspender o limitar la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, así como la libertad de información.
El mandatario también estará facultado para trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, disponer la censura previa en la información de los medios de comunicación y establecer zonas de seguridad en el país.
Además, podrá disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como ordenar el cierre o la habilitación de puertos aéreos o marítimos, y pasos fronterizos.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo a periodistas que las Fuerzas Armadas asumirán la seguridad del país “para evitar vandalismo en todas las ciudades de la República y también para que garanticen la seguridad del jefe de Estado”.
Mera apuntó que los militares tienen elaborado un plan de contingencia para controlar los desmanes y garantizar la seguridad de los ciudadanos, tras lo cual descartó que se haya decretado el toque de queda o suspendido alguna garantía constitucional.
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